Matrimonio belga-español residente en Francia: ¿qué ley se aplica en el reparto patrimonial en caso de divorcio o fallecimiento?

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Desde el pasado 29 de enero, la gestión del patrimonio de los matrimonios o uniones internacionales en caso de divorcio o fallecimiento ha dejado de ser fuente de conflicto.
Las parejas formadas por distintas nacionalidades europeas están a la orden del día, pero hasta ahora regular sus relaciones económicas suponía un proceso largo y costoso, al entrar en juego los diferentes regímenes legales de cada país.
 
Los dos nuevos Reglamentos Europeos 2016/1103 y 2016/1104 sobre Regímenes Matrimoniales y Parejas Registradas que acaban de entrar en vigor unifican las reglas en caso de conflicto cuando las parejas internacionales dentro de la Unión Europea necesiten repartir su patrimonio, como consecuencia de una separación o divorcio o una herencia.
 
El caso más claro lo vemos por ejemplo en una pareja formada por un belga y una española que residan en un tercer país, por ejemplo Francia. La nueva normativa les permitirá elegir qué tribunal es el competente y qué ley se debe aplicar para resolver sus cuestiones patrimoniales: la de su residencia habitual (francesa) o el de su nacionalidad (belga o española).
 
Si los cónyuges no eligen la ley aplicable al régimen económico matrimonial, se tomará como criterio la ley del Estado de la primera residencia común habitual de los cónyuges, después la ley de la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de la celebración del matrimonio, y por último la ley del Estado con el que los cónyuges tengan una conexión más estrecha. De los reglamentos se excluyen las cuestiones fiscales, aduaneras y administrativas. También aquellas materias ya reguladas por reglamentos de la Unión vigentes, como la obligación de alimentos, y las cuestiones propias del derecho de sucesión. Tampoco afecta a asuntos relativos a la seguridad social ni al derecho de pensión en caso de divorcio.
 
De momento debido a la falta de unanimidad, los nuevos reglamentos serán de aplicación en 18 estados: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Suecia. Los demás seguirán aplicando su legislación nacional, si bien podrán adherirse en un futuro.
 
Dada la complejidad del derecho internacional privado, en Belén Polo Abogados podrá contar con el consejo de un abogado especializado que tenga presente la legislación aplicable a las singularidades de cada caso para evitar situaciones no deseadas.

 

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