¿Puede un juez obligar a un progenitor a acudir a terapia familiar por el bien del menor?

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El artículo 158.4 del Código Civil establece que en un proceso de divorcio el juez puede dictar “cualquier medida que considere oportuna, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios”.

En la práctica jurídica esto supone la adopción de medidas alternativas que protejan el desarrollo emocional y psicológico del menor, con el objeto de garantizar el interés superior de éste, que es el derecho que prevalece en todo procedimiento judicial de separación, divorcio o de modificación de medidas.

Cada vez es más frecuente encontrar casos en los que las diferencias entre los progenitores pueden llegar a comprometer la relación del menor con el cónyuge no custodio, ocasionando un claro perjuicio emocional para el hijo de ambos.

En este sentido la Audiencia Provincial de Barcelona dictó en sentencia de 26 de junio de 2015 que los progenitores tomaran una serie de ‘medidas conciliadoras’: “siendo imprescindible no solo que el padre se someta a terapia familiar sino que los dos progenitores se sometan a fin de facilitar la relación paterno filial con la hija menor”. En similares términos se pronunció el 3 de noviembre de 2015 la Audiencia Provincial de Cantabria, al confirmar la sentencia que obligaba a una expareja a realizar un programa de terapia familiar con el fin de evitar conflictos personales, y les ayudara a adoptar decisiones futuras responsables y consensuadas respecto al hijo común.

Es habitual  ver en los tribunales procedimientos de modificación de medidas en los que el cónyuge no custodio solicita la custodia compartida cuando se da la circunstancia de que el régimen de visitas acordado no se desarrolla con normalidad, e incluso el menor rechaza pasar tiempo con su padre.

Recientemente en Galicia, la Audiencia Provincial de Lugo emitió el pasado 31 de enero de 2018 una sentencia por la que restringe el amplio régimen de visitas del padre no custodio durante un tiempo prudencial y “recomienda” se sometan a terapia familiar “que les ayude a poner solución a los problemas existentes”, y a recuperar la relación padre/hija.

En estos casos, el juez no pone en duda la aptitud ni capacidad de los progenitores para criar a los hijos, sino que reconoce que la terapia es una medida “oportuna y necesaria” para facilitar la relación filial, y por tanto el desarrollo emocional del menor.

Lo que sí han aclarado los tribunales (precisamente el Tribunal Superior de Justicia contra la resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona citada anteriormente) es que “no puede imponerse a una persona recibir, sin su consentimiento, terapia familiar”; lo que ha llevado a sustituir dicha obligación por “recomendación”.

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